CUESTIONADA EN SU TOTALIDAD LA MACRO URBANIZACIÓN DE VILLANUEVA DE GÓMEZ
Los cuatro informes elaborados dan la razón a las quejas presentadas por CC.OO.
El Procurador del Común cuestiona en su integridad el proyecto de macrourbanización de Villanueva de Gómez en unos extensos y exhaustivos dictámenes, que concluyen en Resoluciones al Ayuntamiento y a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, demandando la paralización inmediata de las obras.
En estos informes se aprecian irregularidades de todo tipo en la tramitación de los expedientes, y la carencia de procedimientos urbanísticos en su totalidad respecto a otros aspectos. Así, se refiere a la ejecución de viales y sistemas generales afirmando que: “iniciadas las obras sin contar con las correspondientes autorizaciones tanto en materia urbanística como de prevención ambiental, a nuestro juicio, la promotora de las obras podría haber incurrido en la comisión de ilícitos tanto urbanísticos como ambientales que deben generar de las Administraciones implicadas una reacción inmediata, ordenando la paralización de las obras en tanto en cuanto se cuente con estas autorizaciones e incoando los preceptivos expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores en ambas materias”.
Respecto a las 800 hectáreas, se cuestiona la parte de ellas calificada como urbanizable, en base a que las leyes de urbanismo imponen un criterio material sobre el suelo, prohibiendo que la discrecionalidad del Ayuntamiento pudiese transformar en urbanizables las superficies forestales con valor ecológico, por un mero acto formal. En tal sentido, se remarca que es inviable una urbanización de esas características con unas simples Normas Subsidiarias (pensadas para una población de 150 habitantes), por lo que los requerimientos mínimos exigen de partida la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, en cuyo procedimiento de elaboración se debe ubicar la viabilidad del tipo de urbanización que se proyecta.
No obstante, el Procurador del Común felicita la intervención de la Confederación Hidrográfica del Duero en el asunto. Destacando su profesionalidad y objetividad, al haber evaluado la imposibilidad de satisfacer las necesidad hidrológicas para una demanda de 2,5 millones de metros cúbicos. Desde esa base, precisamente, el propio informe objeta que se pudiese construir el proyecto cuestionado.
Con especial énfasis se refiere al funcionamiento de la Comisión Provincial de Prevención Ambiental de Ávila, destacando las irregularidades de funcionamiento que debe desterrar, y la incidencia que deparan en el procedimiento de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (firmada por la Consejera Dª Mª Jesús Ruiz) que considera Nulo de Pleno Derecho. Además de advertir que no aparece expediente alguno en el que relacionar esa declaración ambiental: “no consta la tramitación de procedimiento sustantivo alguno: licencia de obras, licencia ambiental y en su caso, autorización de uso excepcional [de suelo rústico protegido]”.
Lo señalado en las Resoluciones del Procurador del Común termina por revestir mayor gravedad, desde el punto en que censura lo que nunca se debe hacer, pero sin calificar ni entrar en que cuantas cuestiones previene como inviables, ya han sido ejecutadas por “vía de hecho”, como reiteradamente ha venido señalando CC.OO. En consecuencia, la gravedad de lo realizado y el destrozo producido en la masa forestal deberá tener una respuesta contundente por los órganos jurisdiccionales.
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